La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la contratación un proveedor de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, la cual ocasionó un sobrecosto de S/797.000.
Este prejuicio económico generado a la comuna se dio durante los años 2018, 2019 y 2020 tras presentar documentación falsa en la oferta de su servicio, puesto que los precios dispuestos eran mayores al del mercado.
La empresa bajo la mira se dedica a la impresión brindó servicios de emisión mecanizada para los ejercicios fiscales 2018 y 2019; e impresión de formatos de declaración jurada del impuesto predial, entre otros formatos, para el ejercicio fiscal 2020.
La comisión de control evidenció que las bases integradas de los procedimientos de selección convocados por la entidad, en los tres años citados, consideraron requisitos restrictivos relacionados a la exigencia de muestras, plazos de entrega, equipamiento estratégico y servicios específicos en la experiencia, que no permitieron la participación de otros postores y, por consiguiente, evitaron que ofertas ventajosas para la entidad compitieran con el postor ganador de la buena pro.
Además, el órgano encargado de las contrataciones de la entidad (la subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial) no verificó las ofertas presentadas por el postor ganador, lo que no le permitió advertir la documentación falsa que este presentó en su oferta-
Tampoco advirtió que una de las empresas integrantes del consorcio ganador de la buena pro, en el proceso de selección de 2019, estaba impedida de contratar con la entidad debido al parentesco consanguíneo de los accionistas con uno de los regidores de la municipalidad.
En total, son 11 los funcionarios y servidores públicos comprometidos en los hechos, con presunta responsabilidad administrativa y/o penal.
El informe de control ha sido notificado a la titular de la Municipalidad de La Esperanza para el deslinde de las responsabilidades que correspondan; al Procurador Público Especializado en Delitos De Corrupción para que inicie las acciones legales penales contra los involucrados; y al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para la sanción administrativa al contratista por presentar documentación falsa.
