El retiro de los fondos aumentará el gasto público futuro de programas asistenciales como Pensión 65 o el Seguro Integral de Salud (SIS) y eventualmente del Seguro Social de Salud (EsSalud), señaló la Defensoría.
Mientras se espera el debate en el Pleno del Congreso sobre el proyecto de ley que permitirá, por sexta vez, retirar hasta S/ 18,400 (4 UIT) de las AFP, la Defensoría del Pueblo advirtió que los constantes desembolsos de fondos desnaturalizan el Sistema Privado de Pensiones (SPP).
“Reconocemos la necesidad de remediar la grave crisis económica y social generada por la pandemia, que viene impidiendo a un amplio sector de la población satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, la ley promovida por el Congreso no cumple con identificar claramente a estos sectores y, por el contrario, atenta contra el derecho a la pensión de millones de personas”, señaló la Defensoría en un comunicado.
Recordó que, según estimaciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) a diversos proyectos de ley, de alrededor de 8.2 millones de personas afiliadas al Sistema Privado de Pensiones, el 28.5%; es decir, unos 2.33 millones, ya no cuentan con saldos de ahorros previsionales.
“Es necesario señalar que el retiro de los fondos tendrá un impacto social que perjudicará a todos los miembros del sistema privado de pensiones, quienes se verán afectados por un menor desempeño del sistema y que además aumentará considerablemente el gasto público futuro de programas asistenciales como Pensión 65 o el Seguro Integral de Salud (SIS) y eventualmente del Seguro Social de Salud (EsSalud)”, mencionó.
Medidas para el impacto de la crisis
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo consideró que, en periodos de crisis, el Estado debe identificar con mayor claridad a las personas o sectores de la población que requieren una intervención excepcional para subsistir o evitar caer en la pobreza.
Además, diseñar mecanismos adecuadamente dimensionados que no vulneren las garantías constitucionales como la seguridad social, así como las obligaciones del marco internacional de los derechos humanos que el Estado peruano ha asumido en esta materia. Fuente (Gestión)
